Solicitan también copia de las licencias de obras y de actividad que, al parecer, habría concedido el Ayuntamiento
Según ha podido saber Rocafort Tribune, alrededor de una docena de vecinos del solar de la Av. de Ausiàs March (esquina C/ Birler), han presentado esta semana pasada unos tantos escritos por registro de entrada al Ayuntamiento de Rocafort oponiéndose expresamente al proyecto de “centro comercial de Containers” (que se ha confirmado como tal), del que informábamos tiempo atrás.
Hace dos semanas, una representación de estos vecinos se reunieron, por un lado, con la alcaldesa Amparo Sampedro, en su calidad de concejala de urbanismo, y por otro, con la arquitecta municipal. En ninguno de los dos casos consiguieron acceder a los expedientes administrativos de concesión de las licencias de obras (obras mayores) y de actividad (café-bar) que el promotor habría tramitado ante el Ayuntamiento, para conocer realmente las características del proyecto y las condiciones que la Administración le habría fijado, no pudiendo, por tanto, presentar ningún recurso administrativo o judicial en defensa de sus derechos o intereses.
En su lugar, tanto la alcaldesa como la arquitecta informaron verbalmente a los vecinos de una instalación que califican de “provisional”, pero que se autorizaría por 7 años, para una actividad hostelera, en base a la normativa que permite la instalación de elementos provisionales tales como “casetas de obra”, “gruas”, “andamios”, etc. En opinión de los vecinos, ello supone implicitamente una modificación del Plan General, pasando la parcela de residencial a terciaria (o mejor dicho, conservando ambas posibilidades de uso), sin seguirse los trámites legalmente previstos para ello (que incluyen aprobación del Pleno). Además, consideran que la estética industrial de “contenedores” no encaja con en el entorno de Rocafort, una pequeña población residencial.
El Ayuntamiento ha citado a los vecinos solicitantes por escrito para el próximo miércoles 5 de noviembre, pero a los efectos de “recibir la información solicitada” añadiendo que “la misma ya ha sido recibida por el Presidente y el Administrador de la Comunidad”, de lo cual parece desprenderse que no tiene intención de facilitar copia de los documentos que integran los expedientes administrativos de las licencias de obras y actividad.
Según fuentes jurídicas consultadas, esta actuación municipal, además de poco transparente y producir indefensión en los afectados, resulta contraria a la normativa administrativa y urbanística, que reconoce el derecho a los interesados en un expediente a acceder al contenido del mismo y obtener copia de los documentos que lo conforman. Un derecho que, cuando el expediente se encuentra finalizado (es decir, con resolución dictada o licencia concedida), ostenta cualquier ciudadano, porque en ese momento la documentación se convierte en pública. Es lo propio en un estado de derecho.